Covid-19: Latin America Overview | Contratos

El avance de la pandemia del COVID-19 y la declaración del estado de emergencia sanitaria, dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, han impactado gravemente en las relaciones contractuales en curso.

En este escenario, en mayor o menor medida, todos los contratos han tenido dificultades en su cumplimiento. No obstante, a fin de preservar la integridad y continuación de los contratos, se están aplicando herramientas de revisión de los negocios previstas en el Código Civil y Comercial. Entre estos instrumentos jurídicos, podemos nombrar los siguientes:

(i) la frustración del fin del contrato: el artículo 1090 autoriza a la parte perjudicada a resolver el contrato si la frustración definitiva de su finalidad obedece a una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la parte afectada. Si la frustración de la finalidad es temporaria, es posible la resolución sólo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial;

(ii) la teoría de la imprevisión: el artículo 1091 habilita la resolución total o parcial, o adecuación del contrato, en caso de que la prestación de una de las partes se torne excesivamente onerosa por efecto de una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. Dichos remedios pueden ser invocados en el marco de contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente;

(iii) el caso fortuito o fuerza mayor: consiste en el hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1730, el caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad y prevé la extinción de la obligación, excepto disposición en contrario.

Ahora bien, libera de responsabilidad al deudor si el hecho fortuito no le es imputable, y siempre que se configure la imposibilidad de cumplimiento como consecuencia del evento extraordinario. Por el contrario, si la responsabilidad le es imputable, la obligación primaria se transforma en una obligación de responder por los daños causados;

(iv) Imposibilidad de cumplimiento: El artículo 1732 establece que el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos;

(v) la doctrina del esfuerzo compartido: es una construcción doctrinaria y jurisprudencial que ha sido mayormente aplicada en situaciones de crisis económica en Argentina. En diciembre de 2019, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la sanción de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), específicamente en materia de créditos UVA para adquisición de vivienda y planes de ahorros.

El principio del esfuerzo compartido es una herramienta útil para preservar la relación contractual y el cumplimiento de las obligaciones de un modo más equitativo entre las partes, readecuando las prestaciones a través de un ejercicio de esfuerzo compartido.

Por otra parte, el gobierno argentino ha dictado varios decretos para regular relaciones contractuales específicas en el marco de la pandemia del COVID-19, como ocurre con:

(i) Contratos de alquiler: Mediante el DNU 320/20 de fecha 29/3/2020 se dispone el  congelamiento del precio de las locaciones al mes de marzo del corriente año por el período de seis meses; prorroga la vigencia de los contratos de locación; extiende la vigencia de las fianzas otorgadas por los mismos; y suspende hasta el 30 de septiembre del corriente año, los desalojos de dichos inmuebles, aun cuando hubiese sido ordenado previamente, y siempre que la causa del mismo fuera el incumplimiento de la obligación de pago.

(ii) Créditos hipotecarios y prendarios: A través del DNU 319/20 de fecha 29/3/2020, se determina el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios sobre inmuebles destinados a vivienda única, y de las cuotas mensuales de los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por seis meses.

Se establece el pago en al menos tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento, la primera de ellas, juntamente con la cuota del crédito que correspondiere al mes de octubre del corriente año. Además, dispone la prohibición de aplicar intereses moratorios, compensatorios o punitorios u otras penalidades previstas en el contrato.

Asimismo, el DNU suspende en todo el territorio nacional las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales –incluso las que ya hubiesen sido ordenadas-, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre los inmuebles señalados, y por préstamos prendarios actualizables por UVA.

(iii) Tarjetas de crédito: El Banco Central de la República Argentina, mediante la Comunicación A 6964 de fecha 10/04/2020, establece el refinanciamiento de los saldos impagos como mínimo a un año de plazo con 3 meses de gracia, y en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo solamente devengar interés compensatorio y ningún otro recargo. Dispone también, reducir al 43% la tasa nominal anual máxima por interés compensatorio que las entidades financieras pueden cobrar por saldos de financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito. Finalmente, establece la posibilidad de reversar los débitos directos y automáticos dentro del plazo de 30 días corridos.

(iv) Prestación de servicios de telefonía fija y móvil, internet, televisión, gas, agua corriente y energía eléctrica: Mediante el DNU 311/2020 de fecha 24/3/2020 se dispone la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios esenciales.  En este sentido, se ordena a las empresas prestadoras de dichos servicios, abstenerse de suspender o cortar su provisión en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas de usuarios en situación de vulnerabilidad. Asimismo, establece que las empresas prestadoras deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen. Todo ello deberá cumplirse por el plazo de 180 días.

Finalmente, el DNU establece que los precios máximos de referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en las garrafas, cilindros y/o granel con destino a consumo del mercado interno, continuarán con los valores vigentes durante 180 días.