Lealtad comercial: se vienen más juicios entre empresas

El DNU de Lealtad Comercial crea figuras como la tutela preventiva o el cese de publicidad de conductas cuestionables, que se suman a las medidas cautelares que animarán a ir a la Justicia. Grandes empresas con proveedores chicos ya preparan sus defensas.

Por Dolores Olveira para El Cronista Comercial

 

El nuevo régimen de lealtad comercial cubre el vacío normativo que tenía el país en materia de competencia desleal, y ya en el corto plazo se verá una mayor litigiosidad entre empresas por las herramientas legales que crea.

La norma otorga múltiples herramientas legales para que una empresa (o cámara empresarial) reclame contra un proveedor, un cliente o un tercero que incurra en alguna práctica abusiva o que distorsione la competencia leal y de buena fe, expresó Matías Ferrari, de Cerolini & Ferrari Abogados.

La regulación de la publicidad comparativa, la competencia violando normas, los actos de engaño o confusión con consumidores, la obtención indebida de condiciones comerciales, entre otros, auguran una litigiosidad mayor entre empresas dado que las mismas ahora cuentan con herramientas casi sin precedentes en el sistema legal, indicó Ferrari.

Para algunas empresas, la denuncia administrativa ante el regulador será conveniente, pero otras empresas seguramente encontrarán una vía más rápida o adecuada en el reclamo judicial a través de pedidos de cese de publicidad o de conductas cuestionables, junto con medidas cautelares o de tutela preventiva, sumado a posibles reclamos por daños, aseguró.

En el DU de Lealtad Comercial, se contemplan acciones judiciales específicas que probablemente serán testeadas en tribunales en los próximos meses, adelantó Ferrari.

Actualmente, varias empresas y cámaras empresariales están analizando los alcances del DNU y la potencialidad que tiene para neutralizar prácticas de competidores, clientes o proveedores con miras a avanzar en acciones judiciales, advirtió Ferrari.

Para Gustavo Giay, socio del estudio Marval O’Farrell & Mairal, por el contrario, es prematuro predecir si el nuevo régimen provocará una mayor litigiosidad.

La mayor especificidad de los actos punibles que contienen el DNU, la posibilidad de que el afectado sea parte en el reclamo administrativo, el carácter de cosa juzgada de la decisión administrativa y los menores costos legales involucrados, hacen pensar que las empresas considerarán a la denuncia administrativa como un recurso más que interesante para plantear sus reclamos, aseveró el especialista.

Sanción

Los actos de deslealtad comercial, según enumeró Giay, son los siguientes:

  • Actos de engaño
  • Actos de confusión
  • Violación de normas
  • Abuso de situación de dependencia económica
  • Obtención indebida de condiciones comerciales
  • Venta por debajo del costo
  • Explotación indebida de la reputación ajena
  • Los actos de imitación desleal
  • Actos de denigración
  • Violación de secretos
  • Inducción a la infracción contractual
  • Actos de discriminación.
  • Publicidad comparativa en infracción

La enumeración es taxativa para las sanciones administrativas, y enunciativa para las acciones judiciales, dijo Giay.

Ámbito

El ámbito objetivo de aplicación del DNU sobre Lealtad Comercial son actos en el mercado, con fines competitivos, antes, durante o después del contrato, sin importar si se celebra.

El ámbito de aplicación subjetivo son todas las personas físicas, jurídicas, de carácter público o privado, con o sin fines de lucro.

Se debe aplicar el principio de primacía de la realidad, en virtud del cual para determinar la naturaleza del acto de competencia desleal se debe atender a las situaciones, las relaciones y los efectos económicos que potencial o efectivamente se produzcan.

Es decir, al analizar un caso de competencia desleal se debe considerar la realidad del mercado y las demás circunstancias propias de los agentes para determinar la infracción al régimen de Lealtad Comercial.

Sanciones administrativas.

Las sanciones que puede aplicar la autoridad administrativa son apercibimiento; multa; suspensión del registro de proveedores del Estado por 5 años; pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y clausura del establecimiento por 30 días.

Apuntando al castigo reputacional, figura la publicación de la sentencia.

La multa será por un monto equivalente a entre 1 millón y 10 millones de unidades móviles. Las unidades móviles son una unidad de cuenta que se utiliza para definir una serie de valores establecidos en la ley. Se actualiza cada año por el índice de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Actualmente su valor es de $24,40, puntualizó Gustavo Giay, del estudio Marval O’ Farrell & Mairal.

La sanción administrativa tiene recurso directo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal o las Cámaras Federales del Interior.

El efecto de apelación es suspensivo, pero la sanción se reduce a la mitad si no se pela.

 

Acción judicial

Puede ser independiente del proceso administrativo.

La acción puede ser de cese del acto o de prohibición del mismo; de resarcimiento de los daños y perjuicios y medidas cautelares.

La legitimación activa y pasiva es más amplia, indicó Giay.

Los actores pueden ser personas directamente perjudicadas o amenazadas, pero también asociaciones de defensa del consumidor y asociaciones profesionales en defensa de los profesionales independientes.

Y los acusados serán quienes hayan ordenado, participado o cooperado en los hechos llevados a la Cámara.

En el caso de los empleados, la acción siempre debe ser contra la empresa, precisó Giay.

Las decisiones de la Cámara tienen carácter de cosa juzgada; o sea, que no puede ser revisadas por otro juzgador.

Y el proceso es sumarísimo, es decir, con plazos más breves que el ordinario.