Los desafíos del nuevo Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo

El pasado 11 de marzo la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “CABA”) sancionó la Ley 6407, mediante la cual se aprobó el Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el “Código”).

El Código cuenta con 266 artículos que serán de aplicación ante el nuevo fuero de Justicia en las Relaciones de Consumo que entenderá en los conflictos de la materia consumeril.

Su promulgación es un primer paso en materia de regulación procesal del derecho del consumidor en el ámbito de CABA. Esta nueva normativa procesal trae consigo algunos puntos sumamente novedosos, inmiscuidos dentro de un procedimiento fuertemente influenciado por la oralidad y que busca impartir celeridad al proceso judicial.

En tal sentido, a fin de adentrarnos en el análisis del Código, pero no pretendiendo de ningún modo agotar el estudio del mismo, efectuaremos una enumeración de los puntos que, a nuestro criterio, son los más novedosos y relevantes, así como algunas distinciones entre lo previsto en el mismo y lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, el “CPCC”).

Principios protectorios

Como primera medida, es menester mencionar que el Código prevé como principios rectores en materia de protección al consumidor, la informalidad a favor del consumidor, celeridad, inmediatez, concentración, economía procesal, oralidad, gratuidad, consumo sustentable, impulso de oficio, digitalización de actuaciones, reparación integral, así como la recepción expresa del principio de in dubio pro consumidor.

Asimismo, propone una tutela judicial efectiva con especial rigurosidad para los consumidores hipervulnerables, adoptando un criterio proteccionista mediante la interpretación del paradigma de trato digno.

Impuso de oficio

Una primera diferencia sustancial traída por el Código, en contraposición con el CPCC, es el impulso de oficio. En este sentido, se prevé expresamente que “El juez, asistido por la Oficina de Gestión Judicial, deberá adoptar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. Recae sobre él la carga de impulsar el proceso.”

Competencia

Respecto a la competencia de la Justicia en las Relaciones de Consumo, el Código busca ser lo más amplio posible, extremo que se vislumbra con meridiana claridad en el artículo 5 del mismo, donde se estipula la competencia del fuero la cual, cabe destacar, es improrrogable para el proveedor.

En este sentido, el fuero será competente en:

1- Conflictos en las relaciones de consumo en los que la Ciudad de Buenos Aires sea el lugar de celebración del contrato, el lugar del cumplimiento de la prestación del servicio, el lugar de la entrega de bienes, el lugar del cumplimiento de la obligación de garantía, el domicilio del consumidor, el domicilio del demandado o el lugar donde el consumidor realice actos necesarios para la celebración o ejecución del contrato.

2- Fideicomisos inmobiliarios inscriptos en el Registro Público de Contratos de Fideicomiso de la CABA.

3- Procesos colectivos que involucren relaciones de consumo.

4- En las causas donde el proveedor sea actor, con los alcances previstos el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, el“CCyCN) y la Ley 24.240.

5- Servicios públicos que se presten exclusivamente en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren sometidos al control del Ente Único Regulador de Servicios Públicos.

6- Ejecución de acuerdos conciliatorios homologados por la autoridad de aplicación.

7- Ejecución de acuerdos alcanzados en COPREC y/o el sistema de conciliación o mediación prejudicial obligatoria para las relaciones de consumo.

8- Ejecución de los acuerdos conciliatorios que se celebren en la órbita de la mediación voluntaria o sistema de conciliación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de CABA.

9- Ejecución de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas o medidas preventivas dictadas por la Autoridad de Aplicación.

10- Ejecución de las sumas impuestas por la Autoridad de Aplicación en concepto de daño directo.

11- Ejecución de laudos emitidos por los Tribunales Arbitrales de Consumo de CABA y laudos emitidos por el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.

12- Ejecución de acuerdos conciliatorios realizados ante el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de CABA.

13- Ejecución de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas impuestas por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de CABA.

Tipos de procesos

Ahora bien, adentrándonos estrictamente en el proceso judicial, el Código regula dos tipos de procesos, el ordinario -como regla general- y el ampliado –previsto para aquellas contiendas judiciales que no tuvieren señalado un proceso especial-.

Fundamentalmente, tal como he señalado, la regulación persigue una resolución ágil y eficaz del proceso, por tal motivo, el Código no solo establece plazos expeditos -siendo el plazo genérico para contestar vistas y traslados de 3 o 5 días dependiendo del proceso que se trate-, sino que concentra algunos actos procesales difusamente regulados en el CPCCN en audiencias. De este modo, prevé una audiencia preliminar –exclusiva para el proceso ampliado- y una audiencia de vista de causa –prevista para ambos procesos-, extremos procesales atípicos para el CPCC.

Proceso ordinario

Como bien mencionamos, el proceso ordinario es la regla general en cuanto al procedimiento por el cual se regirán las causas previstas en el Código, sin perjuicio de que, en razón de la complejidad del tema, el demandado pueda solicitar que se aplique el trámite ampliado.

El proceso ordinario es análogamente similar al sumarísimo en el orden nacional, aunque, como veremos, plantea algunas diferencias sustanciales.

Como primera medida, dentro del proceso ordinario nos encontramos con un plazo de 5 días para contestar demanda, oportunidad en la cual, si bien se podrán oponer excepciones, no procederá la reconvención. Una vez contestada o vencido el plazo para hacerlo, el juez proveerá la prueba ofrecida por las partes, ordenando las que considerase conducentes y descartando fundadamente las que no lo fueran.

Podrá, asimismo, ordenar de oficio los medios de prueba que estimare pertinentes para la solución del caso. En la misma oportunidad, se resolverán las excepciones previas que no requieran sustanciación, y se fijará la fecha de la audiencia de vista de causa en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días desde el dictado de la apertura a prueba.

Vale aclarar que, de la mano del principio de oficiosidad señalado, la notificación de la apertura a prueba a las partes y al Ministerio Publico Fiscal se realizará de oficio.

En la audiencia de vista de causa, como bien mencionamos, se aglomeran una notable cantidad de actos procesales en pos de imprimir celeridad al proceso. En tal sentido, en oportunidad de su celebración, la cual es completamente oral y videograbada, el juez invitará a partes a conciliar. El mismo estará facultado a interrogar libremente a las partes, quienes a su vez podrán también hacerse preguntas recíprocas.

El Código dispone que, si en dicha audiencia las partes logran conciliar, se labrará un acta y el juez podrá eximir al proveedor de hasta un veinticinco por ciento del monto de la tasa de justicia que corresponda abonar. En este sentido, vale aclarar que, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran alcanzarse en las audiencias, la conciliación es posible durante todo el proceso judicial.

Respecto al cumplimiento del acuerdo alcanzado, el articulado prevé que las partes informarán al juzgado sobre la satisfacción de lo acordado, y, en caso de incumplimiento, se aplicarán las normas del proceso de ejecución de sentencias, pudiendo imponerse al remiso sanciones conminatorias.

Por el contrario, en caso de que las partes no logren arribar a un acuerdo, en la misma audiencia se realizará una puesta en común de la prueba producida en el expediente, se producirá la prueba testimonial y se escuchará a los peritos que responderán las impugnaciones formuladas si las hubiere y los requerimientos de información in voce del magistrado, las partes o sus consultores técnicos.

Es menester destacar que, según lo prevé el Código, no procederá la presentación de alegatos, sin perjuicio de lo cual cada parte está facultada a formular la conclusión de sus argumentos de forma oral.

Finalizada la audiencia, el juez dictará sentencia en el mismo acto, pudiendo diferir su fundamentación, la que deberá efectuar dentro del plazo de 5 días. Si la complejidad de la causa lo exigiera, podrá posponer el dictado de la sentencia, que deberá ser pronunciada dentro del plazo mencionado.

La inmediatez del dictado de la sentencia nos brinda un formato de procedimiento mucho más expedito del que estamos acostumbrados. Si bien nos permite llevarnos de la audiencia una sentencia, sin perjuicio de que el juez puede diferir su fundamentación a unos días después, también nos plantea una serie de desafíos profesionales a enfrentar.

Ahora bien, respecto a la incomparecencia de las partes a la audiencia de vista de causa, el Código prevé que en caso de que la parte actora no compareciera sin causa justificada, se la tendrá por desistida del proceso. En caso de que la parte actora justificara su inasistencia dentro del quinto día hábil, el Juez podrá fijar una nueva audiencia.

Por el contrario, si la parte actora asistiese, pero quien no compareciere sea el demandado, debidamente citado, el procedimiento continuará en su rebeldía y se le aplicará una multa de hasta cinco Unidades de Medida Arancelaria (en adelante, la “UMA”) en beneficio del consumidor, ejecutable por vía incidental. El demandado quedará notificado de todas las decisiones en la audiencia.

Proceso ampliado

A su vez, tal como mencionamos, el Código prevé un proceso ampliado aplicable para “todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalado un proceso especial”, el cual, retomando el paralelismo con el CPCC, equivaldría al proceso ordinario, con plazos más extensos. A modo de ejemplo, mientras que en la estructura anterior contábamos con un plazo de 5 días para contestar demanda, en el proceso ampliado el plazo se extiende a 15 días.

En este proceso se admite tanto la reconvención como las excepciones previas.

Asimismo, otra diferencia sustancial con el proceso ordinario es la celebración como parte del proceso de una audiencia preliminar, en la misma, la cual también será videograbada, el juez citará a las partes, debiendo presidirla personalmente. Según lo establece el Código, en dicha audiencia, se fijarán los hechos conducentes, se invitarán a las partes a conciliar y se resolverán, en ese mismo acto, los incidentes que se planteen, las excepciones previas que no requieran sustanciación y las manifestaciones de las partes con referencia a la oposición a abrir a prueba el expediente.

Si las partes arribasen a un acuerdo conciliatorio en ocasión de la celebración de la audiencia preliminar, en caso de encontrarse presente el Ministerio Público Fiscal el juez requerirá su opinión y, de corresponder, se labrará un acta en la que conste su contenido y el juez la homologará.

Asimismo, en caso de que las partes no pudiesen arribar a un acuerdo, se proveen las pruebas, pudiendo el juez ordenar de oficio las que considere pertinente, y se establecerá un plazo de sesenta días para la celebración de la audiencia de vista de causa.

Respecto a la audiencia de vista de causa en el proceso ampliado, tiene efectos y regulación similar a la del proceso ordinario, con la diferencia de que la sentencia se podrá dictar dentro de los treinta días o, en caso de que, no revista demasiada complejidad, en la misma audiencia. En este último caso, se diferirá la publicación de los fundamentos.

Apelación

Respecto a la interposición del recurso de apelación, el Código prevé un trámite recursivo simplificado, brindando un plazo para apelar y fundar el recurso de tres días en el proceso ordinario y de cinco días en el proceso ampliado. Asimismo, el ordenamiento procesal dispone que “Serán inapelables todas las resoluciones en las que el valor que se intente cuestionar en la alzada no exceda el equivalente a diez (10) unidades de medida arancelarias (UMA) al valor vigente al momento de interponer la demanda, teniendo en cuenta para el cálculo el monto de condena o el monto del agravio, lo que resulte mayor.”, suma que, al día de la fecha de esta publicación, alcanza el valor de $51.210 -conf. Resolución Pres. 89/2021-. Otro punto interesante que destacar en este sentido, es que la ampliación de los fundamentos, así como la contestación de agravios, se realizará oralmente ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones y, la contraparte, tendrá la carga de contestar en forma verbal dicha ampliación. Finalmente, cabe aclarar que en ningún caso procederá el solve et repete en la instancia recursiva, es decir, no se requerirá el pago previo para habilitar la segunda instancia.

Caducidad de instancia

Otra diferencia fundamental con el CPCCN, que llega de la mano con el principio de oficiosidad, es la previsión expresa de la improcedencia de la caducidad de instancia, ya que recae sobre el juez el deber de impulsar el proceso.

Sin perjuicio de ello, el Código dispone que “En el caso de que la prosecución de la causa requiera ineludiblemente de una actividad de la parte actora, se la intimará por el término de cinco (5) días a la formulación de peticiones bajo apercibimiento de archivar el expediente sin más trámite.”. En tal caso, “(…) la misma pretensión sólo podrá ser deducida en un juicio posterior, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción.”

Beneficio de gratuidad

Otro de los puntos llamativos y que vale la pena poner de manifiesto, es la ampliación de los alcances del beneficio de gratuidad en el proceso a favor del consumidor. En este sentido, el Código toma partido fuertemente por el criterio de gratuidad amplio, retomando lo previsto el artículo 53 y 55 último párrafo de la L     ey 24.240, pero ampliando los alcances de ésta, estipulando expresamente que los consumidores que actúen como parte actora “se encuentran exentos del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio”.

El objetivo del alcance amplio del beneficio es equiparar aún más la relación de fuerzas con el proveedor, buscando que el cálculo económico no sea una limitación a la hora de decidir encarar cuestiones de consumo ante los tribunales.

El beneficio de gratuidad es un tema que, en el ámbito del fuero comercial nacional, ha generado una contraposición de interpretaciones jurisprudenciales en la Cámara. En este sentido, las aguas están divididas entre quienes sostienen un criterio de gratuidad limitada, el cual solamente alcanzaría a la eximición del pago de la tasa de justicia y sellos, contra la posición que sostiene un criterio amplio, considerando que todas las costas del proceso están incluidas por el principio de gratuidad que emana de la Ley 24.240.

Debido a este antagonismo respecto a la interpretación del principio, hoy la cámara comercial está convocada a plenario, el cual está en proceso de organización.

El Código por su parte, se involucra en dicha discusión y busca zanjar el debate en ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sosteniendo expresamente un criterio amplio en materia de costas.

Ahora bien, sin perjuicio del alcance amplio del beneficio de gratuidad, el Código también prevé la posibilidad de que el proveedor demandado solicite un beneficio de litigar sin gastos y/o inicie un incidente de solvencia en aquellos casos en donde los consumidores o usuarios actúen en interés propio, en reclamos superiores a un monto que exceda las cien UMA, invirtiendo así la carga de la prueba.

Dicho incidente tramitará por separado, no implicará la suspensión del trámite principal y en ningún caso su procedencia importará la obligación del consumidor actor de abonar la tasa de justicia.

Vale aclarar, que el Código prevé expresamente que no se podrán iniciar incidentes de solvencia cuando la actora fuera una Asociación de Consumidores.

Oficina de gestión judicial

Otra diferencia relevante respecto al CPCC y el cual consideramos un punto interesante y novedoso dentro de las disposiciones del Código, es la creación de una Oficina de Gestión Judicial, la cual tendrá como función asistir a los tribunales del fuero, siendo responsable de “administrar el despacho de las causas y de garantizar el buen funcionamiento del tribunal en general, bajo el principio de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales.”.

Esta novedosa oficia judicial crea una instancia de soporte administrativo para todo el fuero, encargándose de, por ejemplo, efectuar las notificaciones de oficio. Si bien el Código prevé la creación y función general de la Oficina, su reglamentación y asignación específica de funciones quedará en manos del Consejo de la Magistratura.

Instancia conciliatoria previa obligatoria

En otro orden de ideas, respecto a la etapa conciliatoria previa agotada como requisito para acceder a la vía judicial, el Código admite como procedimientos que satisfacen dicho requisito al Servicio de Conciliación para las Relaciones de Consumo del Consejo de la Magistratura, a la audiencia celebrada ante la autoridad de aplicación en Defensa del Consumidor de CABA, la Dirección General de Justicia, el Registro y Mediación de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de CABA, COPREC y MEPRE.

Asimismo, se elimina la instancia de mediación previa para los procesos colectivos.

Domicilio electrónico

Otra de las cuestiones fundamentales que habrá que tener en cuenta en la práctica profesional es lo relativo al domicilio electrónico constituido por las partes en la etapa conciliatoria. En tal sentido, el Código dispone que “El domicilio constituido por las partes en la etapa conciliatoria previa concluida sin acuerdo, tendrá el mismo carácter en sede judicial.”. De este modo, los proveedores podrían ser notificados de una demanda en el marco de un proceso judicial a una dirección de correo denunciada en, por ejemplo, un procedimiento conciliatorio de COPREC.

Sabemos que en muchas oportunidades sucede que dichas direcciones de correo quedan en desuso, lo que podría desencadenar que la notificación pase inadvertida y la consecuente pérdida del plazo para contestar demanda, con las consecuencias jurídicas que dicha omisión acarrea, máxime si consideramos los expeditos plazos establecidos.

Por tal motivo, considero que esta será una cuestión fundamental que ponderar y, probablemente, suscitará un replanteo en la forma de pensar y concretar algunas dinámicas de trabajo.

Asimismo, ante la falta del domicilio constituido en la etapa conciliatoria, el código prevé que se podrá cursar la notificación de la demanda en el domicilio declarado ante la autoridad tributaria o en el domicilio declarado ante el registro de personas jurídicas correspondiente.

Procesos especiales

En cuanto a procesos especiales y otros remedios que trae el Código, el mismo se planta en una visión moderna dentro de las tendencias del derecho procesal, donde encontramos previsiones en materia de tutela anticipada y anticipo jurisdiccional.

El código trae consigo la regulación de algunas medidas autosatisfactivas, medidas símil cautelares que se agotan en sí mismas y no son tributarias de un proceso principal posterior. Dichas medidas si bien se encontraban previstas en algunos ordenamientos procesales de tipo local provinciales, son novedosas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, el Título IX del código regula los Procesos Especiales.

En el mismo encontraremos el marco normativo procesal de las acciones meramente declarativas, las acciones contra la publicidad ilícita –mediante el cual se faculta al juez a ordenar de oficio como medida preliminar y sin audiencia, la cesación de la publicidad-, que si bien cuentan con una regulación prevista en el CCyCN profundiza su reglamentación, las acciones preventivas –en las cuales se contempla la facultad de solicitarle al juez las medidas de seguridad adecuadas para evitar la producción de un daño, su continuación o agravamiento- y los procesos colectivos.

Procesos colectivos

Sobre este último nos detendremos ya que es uno de los hitos procesales más relevantes que trae consigo el Código y que probablemente acarreará una serie de discusiones doctrinarias y jurisprudenciales.

Previo a ahondar en el desarrollo de este punto, es menester señalar que la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en la primera jurisdicción del país que tiene legisladas las acciones colectivas. Es dable destacar que, hasta la sanción del Código, no existía ley nacional ni provincial alguna que regulase dicha materia en particular.

El articulado normativo del Código, brinda a las partes un marco de seguridad jurídica en cuanto a que los procesos colectivos tramiten en un fuero con expertise propio y con recursos humanos capacitados para entender en acciones de clase.

Los procesos colectivos en Argentina son un tema de enorme trascendencia para las compañías y en la última década han sido objeto de numerosos tratamientos judiciales. En este sentido, el Código tiene mucho para decir, regulando cuestiones procesales que atañen a procesos colectivos de consumo y dedicando un capítulo entero a dicha regulación.

En este sentido, el Código presenta una gran cantidad de desafíos en materia de procesos colectivos, por lo que en los párrafos siguientes no se pretenderá agotar el tema, pero si al menos plantear algunas cuestiones que pudiesen resultar controvertidas y, a su vez, detallar algunas particularidades que pueden correrse del típico tramite que puede tener un proceso de consumo en la Argentina.

Como primera cuestión, la norma impone la obligación al juez de efectuar un examen de representatividad adecuada o idoneidad del legitimado activo. Si bien el análisis de la representatividad adecuada ha sido señalado como punto a analizar en los procesos colectivos en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde Halabi en adelante, los tribunales inferiores no le han dado mayor trascendencia a este punto. Con la sanción del Código, dicho análisis preliminar a la cuestión de fondo toma mayor relevancia ya que se encuentra expresamente previsto en la norma, lo que, seguramente, presentará interesantes discusiones en el ámbito judicial.

Respecto      al colectivo involucrado, el Código prevé que los legitimados activos -defensor del pueblo, asociación de consumidores, etc.- deben acreditar que cuentan con los medios económicos suficientes para asegurar la comunicación o publicidad. En tal sentido, el Código señala que “La existencia del proceso colectivo deberá notificarse del modo y por los medios que aseguren, de la mejor manera posible, su efectivo conocimiento conforme el principio de razonabilidad. Los legitimados activos deberán acreditar que cuentan con los medios para asegurar su cumplimiento sin perjuicio de la publicidad por medios públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya realización debe ordenarse gratuitamente.”

La regulación sobre la notificación pública puede traer diversas consecuencias. Actualmente, en el fuero comercial, existen algunos procesos colectivos que se encuentran paralizados debido a que el juez ordenó a la parte actora pagar edictos, efectuar publicidad en diarios, en TV, etc., y, ante la ausencia de solvencia suficiente para cubrir dichos gastos, se ordenó detener el proceso.

En este sentido, si bien el estándar es que se busquen vías de comunicación que sean de poco peso económico y con la máxima difusión posible, el Código toma posición al respecto y en su articulado prevé que el legitimado activo debe demostrar que tiene medios económicos suficientes para asegurar el cumplimiento de la comunicación. Sin perjuicio de ello, es cierto que aclara que dicha acreditación de solvencia será “sin perjuicio de la publicidad por medios públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya realización debe ordenarse gratuitamente”. Al igual que sucede en nación, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con medios de publicidad a disposición.

Esta norma seguramente traerá gran discusión. Concretamente, adelantándome a problemas que seguramente serán de discusión en tribunales, el planteo de si el artículo 262 del Código, el cual sostiene que la parte actora debe demostrar que tiene solvencia suficiente para pagar publicidad y comunicación, no entra en contradicción con el principio de gratuidad -del cual destacamos la amplitud de su alcance-, a favor del consumidor –artículo 66- y de los colectivos en particular –artículo 256-.

Otro punto interesante dentro del articulado y que podría suscitarse conflictivo es la regulación en cuanto a los alcances de la sentencia. Los procesos colectivos, por su propia naturaleza, necesitan una sentencia que haga efecto colectivo, que tenga efecto erga omnes. Lo que interesa señalar en este sentido es que el código prevé expresamente en su artículo 263 que “(…) otro proceso colectivo por la misma causa y objeto puede iniciarse cuando existan nuevas pruebas”. Es decir que, luego de una sentencia adversa al actor, puede interponerse un nuevo proceso colectivo, si existiesen nuevas pruebas.

Esta regulación que trae el Código es un principio que se encuentra previsto en la Ley General de Medioambiente para proceso colectivos. En materia de consumidor, dicha posibilidad no se encontraba regulada en ningún procedimiento ni existía jurisprudencia que lo receptara de tal modo. Dicha posibilidad que otorga el Código puede interpretarse como una relativización del efecto de cosa juzgada colectiva y podría plantear peligros de cara a como se cierra un expediente, ya que queda latente la posibilidad de reapertura de la misma causa mediante el inicio de otro proceso.

Como último punto a destacar en materia de procesos colectivos es la transacción. Tanto en el exterior como en Argentina, la salida transaccional, es decir la celebración de un acuerdo con la contraparte es una salida clásica, muy característica de los procesos colectivos, tanto es así que en los últimos años hubo una explosión de acuerdos transaccionales colectivos en Argentina. En ese punto, el Código prevé reglas típicas, como son el traslado al ministerio público, la homologación judicial fundada, etc., pero la novedad radica en que el acuerdo transaccional debe expresamente mencionar cuanto se pagó de honorarios a los abogados de la parte actora y dicho extremo debe estar informado en la difusión que se haga del acuerdo. Esta publicidad con relación al pago de los honorarios presenta una regla de transparencia que viene a traer claridad a un aspecto en el cual hemos visto oscuridad u opacidad.

Vigencia

Finalmente, una cuestión que suscitó bastante polémica es la vigencia de la norma. Respecto a su entrada en vigor, la cláusula transitoria primera del Código dispone que “hasta tanto quede constituido integralmente el Fuero en las Relaciones de Consumo este Código, una vez entrado en vigencia, será de aplicación con los alcances previstos en la Ley 6286, las que con posterioridad se dicten y lo que determine el Consejo de la Magistratura en la materia.”

En tal sentido, es menester recordar que la referida Ley 6286, dispone que a partir del 1º de enero del corriente año, la competencia en materia de relaciones de consumo en el ámbito de CABA le ha sido asignada a seis de los veinticuatro juzgados de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA, a saber:

“Composición y competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario-. La justicia en lo contencioso, administrativo y tributario está integrada por veinticuatro (24) juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado

Hasta seis (6) de estos veinticuatro (24) juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, impartirán, además, justicia en materia de relaciones consumo, hasta tanto se transfiera la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo. El Plenario del Consejo de la Magistratura determina qué juzgados asumirán esa competencia. “

De este modo, parte de la doctrina ha señalado que la redacción de la cláusula no termina de ser clara respecto a qué se entiende con “los alcances previstos en la Ley 6286”, lo que ha suscitado, frente a la dificultad interpretativa que trae la norma, una multiplicidad de lecturas contrapuestas sobre la aplicación de la misma.

Por un lado, nos encontrábamos con el análisis de quienes sostenían, a nuestro      criterio erráticamente, que el Código recién tendría efectos prácticos una vez se haya transferido completamente las competencias en materia civil y comercial a CABA, que aún detenta el Poder Judicial de la Nación. En contraposición, parte de la doctrina afirmó que el Código será de aplicación, una vez entre en vigor, para los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -creados por la mencionada Ley 6286-, hasta tanto quede constituido integralmente el Fuero en las Relaciones de Consumo. Vale aclarar que esta última posición constituye actualmente la postura mayoritaria y, a nuestro criterio, es la que más se ajusta al texto de la norma.

En este sentido y sin perjuicio de lo mencionado ut supra, el 17 de marzo pasado, el Juzgado N° 24 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA, en los autos caratulados “Villar Loos, Lucrecia soledad y otros c/ Siker S.A. s/ relación de consumo”, dictó la primera resolución en materia de Defensa del Consumidor del fuero, en el cual se declara competente para entender en una causa por incumplimiento en la compraventa de un vehículo, en virtud de la sanción del Código, consolidando así jurisprudencialmente la postura que sostiene que el mismo será de aplicación para el fuero CAyTRC.

En este sentido, el magistrado a cargo de dicho juzgado, Dr. Darío E. Reynoso ha señalado que “(…) recientemente la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sancionado el Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo -que aún no se encuentra promulgado-, donde establece que ‘[l]a Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer […] en la ejecución de acuerdos conciliatorios homologados por la autoridad de aplicación conforme a la Ley Nº 757’ (artículo 5 inciso 6) y que en su Título VIII regula el procedimiento de ejecución de sentencias. En razón de lo expuesto, declárase la competencia del tribunal para entender en autos.”

En conclusión, parecería entonces que, una vez entre en vigor, esto es a partir de los treinta días de publicada en el Boletín Oficial, es decir, el 20 de abril de 2021, el Código será de aplicación para el fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -en las causas que versen sobre materia de consumo- hasta tanto quede constituido integralmente el Fuero en las Relaciones de Consumo.

Sin perjuicio de ello, vale aclarar que el propio Código prevé en la cláusula transitoria segunda que será de aplicación únicamente para las causas que se inicien a partir de su entrada en vigencia, por lo que aquellos expedientes que se encuentren en trámite continuarán en su jurisdicción.

Conclusión

En la presente publicación hemos reseñado sucintamente algunos de los puntos más relevantes del Código. Seguramente dicha regulación  procesal, así como el traspaso de la competencia en materia de consumo a la Ciudad de Buenos Aires van a presentar una enorme cantidad de desafíos.

En tal sentido, será fundamental analizar este código procesal como inmerso dentro de una joven rama del derecho como lo es el derecho de consumo y aplicada a un fuero nuevo como es el de la Ciudad de Buenos Aires, el cual nació este año y cuenta con un código procesal nuevo. En esa inteligencia, es menester entender e interpretar que el Código tiene por misión interactuar con otros ordenamientos, en la lógica del diálogo de fuentes. El Código se vincula fundamentalmente con la interpretación de la Constitución nacional, la Constitución de CABA y con el CCyCN, de manera que desde ese lugar hay que entenderlo y, desde el ejercicio de la profesión, será clave brindarle esa flexibilidad, buscando ese diálogo entre fuentes que termine nutriendo mejor la posición que se pretenda defender.