Nueva reglamentación para la oferta pública de adquisición y canje de valores negociables (OPA)

Por Agustín Cerolini y Martín Chindamo

 

A través de la Resolución General N° 779/2018, publicada el pasado 28 de diciembre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó las ofertas públicas de adquisición y/o canje de valores negociables (OPA) y los procedimientos de retiro y cancelación del régimen de la oferta pública.

La nueva normativa fue emitida en el marco de las modificaciones introducidas por la Ley de Financiamiento Productivo, y es el resultado del tratamiento del anteproyecto de reglamentación propuesto por la institución en junio de 2018 (Resolución General N° 742/2018) bajo el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

A continuación, analizamos las principales novedades introducidas:

 

Nueva categorización de OPA

Si bien la Resolución no modificó la definición de OPA, sí introdujo una nueva categorización para su tratamiento. En este sentido:

(i) eliminó el régimen de OPA parcial para los casos en los que se adquiera una “participación significativa” que no implique el control de la sociedad listada. Anteriormente, la regulación requería que el adquirente de una “participación significativa” que representara un 35% o más de los votos de dicha sociedad realizara una OPA parcial que le permitiera alcanzar al menos el 50%;

(ii) incluyó la definición de OPA obligatoria, la que se disparará en los que casos en que un accionista haya alcanzado en forma individual o concertada, y de manera efectiva, una “participación de control” en una sociedad abierta; y,

(iii) incluyó la definición de OPA voluntaria, la cual podrá formularse en forma voluntaria, en todos aquellos casos en que el oferente compelido a realizar una OPA obligatoria por encontrarse ante alguno de los siguientes supuestos: (i) toma y/o participación de control; (ii) control casi total; o (iii) retiro voluntario del régimen de la oferta pública de cualquier sociedad anónima abierta.

 

Determinación de previos equitativos

A los efectos de la determinación del precio equitativo aplicable a cada una de las categorías de OPA antedichas, la Resolución detalla las pautas aplicables para la determinación del precio equitativo para las OPA obligatorias, distinguiendo entre las aplicables a OPA obligatorias por toma de control total, y OPA obligatorias por participaciones residuales por control casi total o por retiro de la oferta pública.

En tal sentido, la Resolución reglamenta las excepciones aplicables a las disposiciones de precio equitativo contenidas en la Ley de Mercado de Capitales, en relación con la aplicación del criterio de precio promedio de los valores negociables para la determinación del precio equitativo. Tales excepciones, serán aplicables para los casos de OPA obligatorias por toma de control de sociedades que se encuentren en dificultades financieras y sometidas a concurso preventivo de acreedores, acuerdo preventivo extrajudicial, o procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Producción y Trabajo.

Adicionalmente, para las OPA obligatorias por toma de control, también se reglamentan los requisitos mínimos de liquidez que permiten aplicar la excepción de la determinación de precio en relación con el precio promedio de los valores negociables objeto de dicha oferta.

En lo que respecta a la contraprestación ofrecida, en todos los casos de OPA obligatoria, la misma deberá ser en dinero, expresada en cantidad de acciones, en pesos u otra moneda; o, alternativamente, en canje por acciones u otros valores negociables, a opción del inversor, siempre que se le asegure la posibilidad de pago en dinero en efectivo.

En cuanto a las OPA voluntarias, el oferente puede fijar el precio a su discreción, pero deberá difundir las pautas y criterios aplicados para su determinación y, en ese caso, publicarse el/los informe/s de valuación que hayan sido tomados en cuenta.

 

Nuevas disposiciones generales

A fin de fomentar criterios uniformes, la Resolución incorpora un modelo de anuncio de la OPA y efectúa modificaciones en el modelo de prospecto.

Asimismo, la Resolución establece que el oferente deberá publicar el prospecto de la OPA dentro de los 5 días corridos de notificada la aprobación de la OPA por parte de la CNV. El plazo otorgado a los inversores para aceptar o no la oferta se fijará entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 días hábiles. Además, el oferente podrá conceder un plazo adicional de no menos de 5 días hábiles a la fecha de cierre general de la oferta.

Finalmente, se incorpora la posibilidad de constituir garantías sobre la OPA por parte de una entidad financiera extranjera, con sucursal o representación permanente en el país, y una entidad aseguradora fiscalizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

 

Supuestos de excepción a la obligación de OPA

Se estipulan ciertos supuestos en los cuales no será de aplicación la obligación de efectuar una OPA:

(i) cuando la participación de control se haya adquirido tras una OPA voluntaria;

(ii) en los casos de toma de control indirecta o sobreviniente;

(iii) cuando se trate de una fusión intragrupo que no modifique el o los beneficiarios finales del control existentes antes de dicha reorganización societaria; y

(iv) cuando, como consecuencia de una fusión, los accionistas de las sociedades involucradas alcancen en la sociedad abierta, directa o indirectamente, la participación de control.

 

Retiro y Cancelación del Régimen de la Oferta Pública

En lo que respecta a los procedimientos de retiro del régimen de la oferta pública y cancelación de la autorización de oferta pública, las novedades incluidas a través de la Resolución corresponden casi en su totalidad a actualizaciones y ajustes del texto originalmente previsto en las Normas de la CNV.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar la incorporación de la “cancelación por alteración sustancial de las condiciones que se tuvieron en cuenta al momento de otorgarse la autorización de oferta pública” como un supuesto para el retiro del régimen de la oferta pública por parte de una emisora.

 

Conclusión

En nuestra visión, la reglamentación introducida por la CNV al régimen de OPA, a través de la Resolución, es otro paso más del proceso de flexibilización y modernización del marco normativo del mercado de capitales iniciado por la Ley de Financiamiento Productivo.