Principales novedades del Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor

Por Matías Ferrari.

 

En diciembre del 2018 fue elevado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo de la Nación, el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

El Anteproyecto aspira a realizar una reforma integral de la LDC y, en consecuencia, trae consigo una gran cantidad de modificaciones sustanciales a los institutos clásicos del derecho del consumidor, a la vez que incorpora otros nuevos y ofrece solución normativa a ciertos problemas que se presentan bajo la actual normativa. Evidentemente, una reforma de tal calibre supondría un desafío para las empresas, en tanto deberán adaptar sus prácticas a los nuevos estándares y reglas.

A continuación, detallamos algunos de los cambios más relevantes incorporados en el Anteproyecto:

Concepto de consumidor. Definido en el art. 2 del Anteproyecto, si bien mantiene gran parte de la definición brindada por la LDC y el Código Civil y Comercial de la Nación (CCN), se incorpora un último párrafo que dispone expresamente que las reglas sobre información, publicidad, prácticas abusivas y seguridad son aplicables a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo. Asimismo –en el art. 3 del Anteproyecto- se incorpora el concepto de “consumidores hipervulnerables”, para quienes se acentúa el principio protectorio de la LDC y el CCCN.

Deber de información. En lo que al proveedor respecta, el deber de información se regula en los arts. 12 a 16 del Anteproyecto. A diferencia de la LDC, la regulación del Anteproyecto es más detallada y exhaustiva, incorporando nuevo contenido a la información que debe suministrarse (por ejemplo: información sobre riesgos, incertidumbres y cuestiones ambientales en tanto fueren pertinentes, información sobre garantías y servicios de postventa y asistencia técnica, etc.) e incluyendo nuevos deberes para el proveedor, entre otras modificaciones.

Trato digno y equitativo. Se mantiene el concepto general de trato digno del art. 8 bis de la LDC, no obstante, el Anteproyecto profundiza la regulación de dicho deber del proveedor e incluye un catálogo de prácticas abusivas (arts. 22 y subsiguientes). Así, se catalogan como prácticas abusivas: subordinar la provisión de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición o contratación simultánea de otro, ejecutar servicios sin la previa elaboración de presupuesto y autorización expresa del consumidor, negar o condicionar injustificadamente la adquisición de bienes o la provisión de servicios, entre otros.

Daños punitivos. El Anteproyecto amplía la legitimación de los sujetos habilitados a solicitar la aplicación de daños punitivos (por ejemplo: se incorpora al Ministerio Público Fiscal) y se dispone que pueden ser aplicados de oficio por el Juez. Asimismo, se dispone expresamente que pueden ser solicitados en el marco de procesos colectivos, se amplían los montos máximos de la sanción y se fija un mecanismo de actualización (a diferencia del régimen de la LDC, donde la sanción es un monto fijo en pesos).

Reformas en materia contractual. Entre las principales reformas del Anteproyecto en cuestiones contractuales, cabe destacar lo siguiente: a) se exige que la voluntad del consumidor al contratar y extinguir la relación de consumo debe surgir de manera expresa y clara; b) se amplía el catálogo de cláusulas que se consideran abusivas (art. 47 del Anteproyecto); c) se reformula el sistema de garantías por la venta de productos y servicios y se profundiza su regulación, así, se elevan los plazos en materia mobiliaria (se eleva el plazo de la garantía por los vicios en la calidad del producto o servicio a 6 meses cuando se trate de bienes muebles usados, y a 1 año cuando sean bienes muebles nuevos) y se articulan las garantías legales con las convencionales, entre otras modificaciones; y, d) se explicita en materia de conexidad contractual otros efectos a los previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación (por ejemplo: la posibilidad del consumidor de exigir la prevención del daño al tercero no contratante).

Operaciones de crédito. El Anteproyecto avanza notoriamente en la regulación de las operaciones de crédito y financiamiento para consumo. Cabe destacar los siguientes puntos: a) introduce un catálogo de presunciones iuris tantum, de existencia de contratos de crédito para consumo; b) se incorpora el principio de préstamo responsable (a fin de prevenir el fenómeno del sobreendeudamiento), que impone un conjunto de deberes al proveedor de crédito (por ejemplo: indagar acerca de las necesidades del consumidor y asesorarlo); y, c) se regula el pagaré de consumo.

Prescripción. Regulada en los arts. 183 y 184 del Anteproyecto, se establece un plazo de prescripción de 3 años para todas las acciones judiciales y administrativas emergentes de la LDC.

Como puede observarse, el Anteproyecto introduce numerosos cambios al derecho del consumidor regulado actualmente en la LDC. De ser aprobado, entrarán en vigencia una gran cantidad de nuevas reglas y modificaciones a normas ya existentes que necesariamente llevarán a las empresas a adecuar sus prácticas y actividades comerciales.

Ante cualquier consulta o ampliación sobre la presente, por favor contactarse con:

Matías Ferrarimferrari@ceroliniferrari.com.ar