Nuevo Régimen de Sinceramiento Fiscal

Por Agustin Cerolini, Matías Ferrari y Tomás French.

El pasado 28 de junio se sancionó la Ley 27.260 (la “Ley de Sinceramiento Fiscal”) que regula, entre otros asuntos, el régimen de sinceramiento fiscal, adoptando un sistema voluntario y excepcional que permite exteriorizar la tenencia de moneda nacional, extranjera y bienes en la República Argentina y en el exterior.

La posibilidad de adhesión al “blanqueo” se extenderá hasta el 31 de marzo de 2017 y quienes adhieran deberán pagar un impuesto especial que se determinará sobre el valor de los fondos y/o bienes declarados. Las diversas alícuotas establecidas varían entre el 0% (para la declaración de valores inferiores a $305.000 – aprox. US$ 20.000-) y el 15%.

A fin de evitar el pago de dicho impuesto especial, la Ley de Sinceramiento Fiscal prevé la posibilidad de aplicar los fondos exteriorizados a la suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión creados especialmente a tal efecto. En estos casos, la inversión habrá de mantenerse por un plazo mínimo de 5 años.

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores emitió, el 28 de julio de 2016, la Resolución General N° 672 (la “Resolución”) mediante la cual reglamentó el funcionamiento de los fondos comunes de inversión a crearse con motivo del régimen de sinceramiento fiscal apuntado.

Dicha reglamentación establece, en primer término, que el monto de suscripción de cuotapartes no podrá ser inferior a US$ 250.000 ni superior a US$ 10.000.000. Debido a que el objetivo tenido en cuenta por la Ley de Sinceramiento Fiscal -al establecer la posibilidad de evitar el pago del impuesto especial- es fomentar la inversión productiva, la
Resolución dispone que los fondos declarados podrán ser aplicados a la suscripción de cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos de forma provisoria hasta el 10 de marzo de 2017.

Antes de dicha fecha, las cuotapartes deberán ser rescatadas y el producido deberá ser reinvertido en fondos comunes de inversión cerrados que tengan por objeto la inversión en instrumentos con fines de financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios, desarrollo de economías regionales y cualquier otro objeto que se encuentre vinculado con la economía real.

Con el objeto de evitar la creación de fondos comunes de inversión dedicados y de generar inversiones genuinas, la Resolución dispone que los fondos deberán tener un mínimo de 10 cuotapartistas y deberán contemplar al menos tres proyectos. A su vez, ninguno de esos proyectos podrá representar más del 50% del patrimonio del fondo.

Asimismo, la reglamentación permite la inversión en acciones de sociedades (siempre y cuando su actividad estuviera relacionada directamente con el objetivo de inversión del fondo).

Sin embargo, dicha inversión en acciones no podrá ser superior al 25% del patrimonio del fondo.

Entendemos que el régimen de excepción de pago del impuesto especial descripto precedentemente resultará atractivo para aquellas personas cuya intención sea suscribir al régimen de sinceramiento fiscal establecido por la Ley 27.260 y que buscan mitigar el costo de mismo.

 


La Ley de Sinceramiento Fiscal prevé un impuesto especial a determinar sobre el valor de los
bienes declarados, con las siguientes alícuotas:

a) 0% para bienes que en conjunto no excedan los AR$305.000;

b) 5% para bienes (incluidos inmuebles) que no excedan los AR$800.000;

c) 10% para bienes (excluyendo inmuebles) que excedan los AR$800.000 declarados hasta el 31/12/2016;

d) 15% para bienes (excluyendo inmuebles) que excedan los AR$800.000 declarados hasta el 31/03/2017.

 

Sin embargo, la Ley prevé la posibilidad de no abonar el impuesto especial en caso de que los
fondos declarados sean aplicados a:

1. Adquisición de bonos a ser emitidos por el Estado Nacional; y/o

2. Suscripción o adquisición de cuotas partes de fondos comunes de inversión creados a
tal efecto.